Alertan de que los ataques del lobo al sur del Duero crecerán un 72%

Cazadores y ganaderos advierten de las «gravísimas consecuencias» de no poder cazar ejemplares

I. J.
ValladolidActualizado:
27/10/2018 12:43h

Unas «gravísimas consecuencias» es lo que, según cazadores y ganaderos, provoca la situación de imposibilidad de cazar lobos incluso al norte del río Duero -donde la especie sí es cinegética- a raíz de la medida cautelar adoptada el pasado abril después de que suspender la actividad. Una decisión que, según la Federación de Caza de Castilla y León y las organizaciones agrarias Asaja, UCCL y La Alianza UPA-COAG «está impidiendo» el control cinegético del lobo y «provocando el consiguiente daños medioambiental y para la actividad ganadera, cinegética, económica y social» en la Comunidad.

Tanto que incluso ponen cifras a uno de los grandes perjudicados por la difícil convivencia entre este cánido y la ganadería en extensivo. Según sus cálculos, alertan de que los ataques a al cabaña ganadera se va a «incrementar» en un 38 por ciento al norte del Duero -el espacio en el que tradicionalmente se han podido cazar lobos de acuerdo a un sistema de cupos para cada temporada- y que se elevará al 72 por ciento al sur del río, donde la especie no es cinegética y ya se acumulan la mayor cantidad de ataques y daños al ganado. Esto a mayores después de un 2017 en el que la conflictividad ya fue al alza, con 1.979 ataques y 2.963 cabezas de ganado muertas.

«Consideramos que los tribunales están impidiendo la aplicación de normas basadas en estudios científicos independientes» encargados por la administración al llevarse por la «influencia ideológico-política anticaza que está intoxicando la opinión pública», denuncian desde la Federación de Caza y las tres organizaciones agrarias en un comunicado conjunto. Lamentan que se esté «dando más credibilidad a los argumentos de parte que esgrimen las organizaciones ecologistas radicales, que recurren sistemáticamente cualquier normativa autonómica sobre agricultura, medio ambiente o caza».
«Despropósito» del TSJ

Ven un «despropósito» la interpretación que el Tribunal Superior de Justicia hace para suspender cautelarmente la orden anual, basándose en que esta práctica causaría un daño «irreparable» y que «no» están «acreditados» los posibles daños que el cánido pueda causar, pese a los informes periciales, advierten, presentados.

Desde estos colectivos defienden la «caza reglada» del lobo, «garantizando las densidades de población que los técnicos considere óptima» tanto para esta especie, que consideran «emblemática» y que «hay que conservar como parte del patrimonio faunístico de la Comunidad», como de otras. «Hasta la fecha, así se ha hecho y las poblaciones están en expansión conforme al estudio realizado por técnicos independientes por encargo de la Junta de Castilla y León como base para su Plan Anual de Caza», recuerdan. Inciden en que la normativa busca un «equilibrio» entre el «aprovechamiento» del lobo y la «defensa» de los intereses ganaderos y su conservación.

Desde 2001, la población de lobos se ha incrementado un 20 por ciento en Castilla y León, el territorio español con más ejemplares de «canis lupus», hasta llegar a 179 manadas y unos 1.600 ejemplares.

Lamentan, además, que en la población rural, minoritaria frente a la que vive en las ciudades, «es está instalando» una «conciencia colectiva» de que las decisiones que afectan a aprovechamientos tradicionales, su medio de vida y su entorno, «que ha garantizado -subrayan- su conservación durante siglos», se están adoptando «desde posiciones políticas e ideológicas urbanitas influyentes que desconocen totalmente la realidad del medio rural».

Y valoran que la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, encabezada por Juan Carlos Suárez-Quiñones, «apuesta» por el aprovechamiento cinegético del lobo porque «es sensible a las graves consecuencias» que va a tener la suspensión de su caza y, además, «busca procedimientos para su solución en el ámbito de su competencia». Además, organizaciones y agrarias y cazadores reclaman a las Cortes que articulen el procedimiento oportuno para que escuchen «a los ganaderos, los cazadores y otros representantes del medio rural» cómo entienden que se debe abordar la gestión del cánido.


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