La protección del lobo obligará a pagar más por cada ataque al ganado

La protección del lobo obligará a pagar más por cada ataque al ganado
El ministerio confía en que con el nuevo estatus las manadas se dispersen por el país y ve posible que incluso se reduzcan los daños en Asturias

El Ministerio para la TransiciónEcológica aprobó la protección del lobo en septiembre pero lo que eso significar se decide en dos escenarios. En los tribunales los gobiernos autonómicos de Galicia, Castilla yLeón, Cantabria y Asturias están a la espera de que la Audiencia Nacional entre en el fondo de los recursos que cursaron pidiendo anular la resolución. De momento las medidas cautelares para suspenderla fueron rechazadas pero sin que los jueces analicen el fondo de la conflicto. El ministerio por su parte trata de hacer valer la protección de la especie y amenazó con denunciar a Cantabria por tratar de autorizar una batida; esta semana además llevó ante el Tribunal Constitucional la ley de caza castellano y leonesa por seguir pretendiendo el abatimiento de cánidos.

A la espera de que resuelvan los jueces, en los despachos las partes negocian cómo actuar si finalmente se impone la protección. El Consejo de Ministros aprobó un fondo de 20 millones que este año debería utilizarse para financiar medidas como cercados y perros que eviten los ataques;el dinero lo consignó también con idea de compensar los daños que causen finalmente las manadas. La directora general de Biodiversidad del ministerio se reunió ayer con sus homólogos de los gobiernos autonómicos del noroeste para avanzar en el sistema de reparto de ese capital.

Según informó la Consejería de Desarrollo Rural, en la cita «Asturias ha defendido que los criterios han de tener en cuenta las poblaciones de lobo de cada región y los daños certificados, dado que estos datos son recopilados de forma oficial y homogénea en el conjunto del Estado». Desde el ministerio se optó por la discreción para buscar «el mayor consenso posible».

El borrador de estrategia que presentó indica que en 2020 las nueve comunidades que pagaron indemnizaciones por ataques de lobo desembolsaron 2,5 millones. Es un esfuerzo que lidera el Principado (con 834.000 euros) y Castilla y León (1,2 millones).

El conflicto jurídico que entablan ministerio y comunidades va dejando pistas de qué cosas cambiarán de mantenerse la protección.En su dictamen el Consejo de Estado avaló la legalidad de la medida pero dejó varios avisos.

El cambio de estatus «supondrá una mayor garantía patrimonial para los titulares de las explotaciones ganaderas potencialmente afectadas por los ataques de las manadas», marca.El motivo es que hasta ahora la compensación se abonaba bajo la figura de un «resarcimiento público», una ayuda para paliar lo sufrido que tiene «un alcance más limitado» y su cuantía «no tiene que reparar íntegramente los daños sufridos». Cuando el ministerio protege al lobo asume una responsabilidad patrimonial por los daños que cause, lo que supone que ahora sí debe abonar lo que cuesta el ganado al que ataca.

Otro dato. Ante el Consejo de Estado el ministerio defendió que la protección «carecerá de impacto negativo sobre la actividad agrícola y ganadera».Su tesis es que la medida «desemboque en una mayor dispersión de las manadas con colonización de áreas en las que la especie había desaparecido, y que, de este modo, mejore el estado de conservación del lobo y que no se incrementen los daños que esta causa al ganado».

TransiciónEcológica llegó a afirmar que «es posible, incluso, que la incorporación de todas las poblaciones de lobo al Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial suponga una disminución de los daños que el sector agrícola y ganadero sufre en la actualidad»

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