Europa no modificará la directiva pero facilitará la caza de lobos al sur del DueroHerrera halla «buena disposición» en Bruselas en favor de la reclamación de los ganaderos
Lo que hay al sur del río Duero, no es una situación de control del lobo, «sino de descontrol», según el presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, que se lo trasladó así al comisario europeo de Medio Ambiente, Janez Potocnik, con el que abordó la «problemática» que estos animales causan en el sur de la comunidad y el «contrasentido» de que en un misma región haya dos regímenes diferentes, al norte y al sur del río que Herrera califica como «padre». En ambas el lobo ibérico es especie protegida, pero al norte se puede cazar, mientras que al sur no, porque cuenta con la protección especial de la Directiva Hábitat. Cambiarla sería «demasiado farragoso», por eso, Potocnik, apoyado por su equipo jurídico, se comprometió ayer a buscar «instrumentos» y «fórmulas reglamentarias» que se puedan aplicar y que permitan avanzar hacia «un escenario en el que el lobo se pueda controlar a través de la actividad cinegética» en toda la comunidad.
De esta manera, esta especie seguiría estando protegida «siempre bajo el control de la Comisión Europea», expuso el presidente, pero se pondrían en marcha «fórmulas» que permitieran que su control se hiciera, en toda la comunidad, a través de la caza. En definitiva, se trata de «dar satisfacción a la lógica de una demanda que no quiere descontrolar una especie protegida».
La Directiva Hábitat de protección de especies permite, según fuentes europeas, que se capturen animales si está justificado porque suponen un peligro para las personas o el ganado. Para Potocnik la situación del lobo ibérico en España no era nueva, recientemente se la trasladó el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, de ahí que, según Herrera, conociera bien el problema y se ofreciera para buscar una «vía de trabajo» que permita dar un resultado positivo para unos intereses «legítimos». En este sentido, el presidente destacó la «buena disposición» que encontró en el comisario del ramo.
Según datos de la Junta, en la comunidad hay 22.000 explotaciones –que aglutinan un total de 3,2 millones de reses– y cada año se registra en torno a un millar de ataques de lobo, la mitad de ellos, en explotaciones ubicadas al sur del río Duero, donde la población de lobos supone «apenas» el 15% del total.
Consecuencias irreparablesMás espinoso es el otro asunto que llevó el presidente al despacho de Potocnik, el futuro de la minería a cielo abierto en la
provincia de León, después de que una sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, de 24 de noviembre de 2011, condenara a España por autorizar la explotación de minas a cielo abierto en la zona protegida del Alto Sil (en la leonesa comarca de Laciana) sin evaluar su impacto medioambiental, ni sobre especies en peligro como el urogallo, y exigiera el cierre de todas las actividades mineras de extracción de carbón a cielo abierto en la zona.
Las sentencias se cumplen, asegura el comisario, que también mostró su disposición a consultar con los servicios jurídicos de la Comisión, «el grado de disponibilidad en la aplicación estricta de la sentencia y comunicar cuál fue su decisión final» sobre la corta de Fonfría, para analizar la posibilidad de que siga abierta hasta el fin de su vida natural. Es la última mina que permanece activa en la comarca del Alto Sil leonés.
Todo mientras, de manera paralela, la Comisión Europea y la Junta de Castilla y León trabajan para contar, en un plazo entre seis y ocho meses, con un plan regional que garantice el futuro de las actividades en la comarca, lo que permitirá «solapar los dos procesos, por un lado, darle futuro, reordenar y legalizar plenamente las actividades económicas, y por otro, cumplir el último fleco de la sentencia del 24 de noviembre de 2011». De hecho, el comisario europeo ya tiene formalizado este plan que «vendría a garantizar» las actividades futuras de la zona en las comarcas de Alto Sil y Babia.
Herrera trasladó ayer el propósito del Ejecutivo autonómico de hacer conciliables las obligaciones y las exigencias que
se derivan de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea y recordó que el cierre de las minas a cielo abierto supondría la pérdida de 2.000 empleos en las comarcas mineras, el 60% de la población activa. Son, sentenció Herrera, «consecuencias absolutamente irreparables». En tono irónico, pero serio a la vez expuso que el fin de la minería tradicional podría llevar a estas zonas del noroeste leonés a ser «un maravilloso paraíso natural», pero donde la vida de las personas «estuviera completamente ausente» porque carecerían de un empleo con el que subsistir y mantenerse en ellas. «Por activa, por pasiva y por perifrástica» Herrera le insistió al comisario que «están en juego» dos millares de empleos, una cifra nada desdeñable si se tiene en cuenta la actual situación económica y la tasa de paro de España.
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