LICENCIAS FALSAS

Los cazadores han terminado siendo cazados en A Coruña. La Operación Elmer, bautizada con el nombre del cenizo perseguidor de Bugs Bunny y el pato Lucas, ha sacado a la luz una trama de falsificación de licencias de caza en A Coruña y ha logrado determinar que el 60% de las otorgadas por la Xunta en esta provincia en los tres últimos años, entre 2010 y 2012, son ilegales. En total, se cuentan unos 200 permisos que están bajo sospecha. De estos, 147 se han identificado como “ilegales” y otros 60 son “dudosos”, según explican personas vinculadas con el caso, porque podrían haberse conseguido por otras vías, como el canje de una autorización obtenida en otra comunidad autónoma. Las 147 claramente ilícitas fueron expedidas en la delegación coruñesa de la Dirección Xeral de Conservación da Natureza, adscrita a la Consellería de Medio Ambiente. Y aunque el principal imputado es un funcionario de categoría C, según las mismas fuentes “en el centro de las sospechas” se encuentran también varios de sus superiores, incluido el propio jefe de Conservación da Natureza en la provincia, Carlos Muñoz, en posesión de una de las licencias de caza falsas que se interceptaron.

Durante la investigación, llevada a cabo desde el último trimestre del año pasado por el fiscal de medio ambiente, Álvaro García Ortiz, y el Seprona, fueron llamadas a declarar como imputadas más de 150 personas. El grueso eran titulares de estas licencias falsas, obtenidas sin el preceptivo examen que entró en vigor en 2007, y el resto, jefes de la consellería que dirige Agustín Hernández, funcionarios y dueños de negocios que supuestamente actuaban como intermediarios, captando clientes para la trama. Además de un agente forestal, después de peinar las empresas del sector en la provincia resultaron imputados los responsables de la Armería Rúa, enclavada en el corazón de Melide, y de Coframa Asesores, una gestoría de Santa Comba. El funcionario J.M.S.G., más conocido en la delegación por su alias, El Kubala, se encargaba presumiblemente de librar a los aspirantes a cazador de todos los trámites, incluido el examen obligatorio, a cambio de cantidades de dinero variables. La tarifa dependía de muchas cosas. En principio, a algunos clientes no les habría cobrado más que 30 euros; a otros, 50 o 70; pero cuando el negocio llegó a su apogeo la tasa por licencia de caza ilegal se puso en 150 euros. Hay, también, quien ha reconocido a los investigadores no haber pagado nada en metálico: en estos casos, las cuentas se saldaron con un favor o un regalo.

“Un auténtico desmadre"
La liebre la levantaron grupos ecologistas que transmitieron sus sospechas a la fiscalía y pusieron sobre la pista a los agentes. No fue, como pretendió difundir en octubre de 2012 (al trascender que la Guardia Civil había registrado la delegación), la propia Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas. Bastante antes de que, a un mes de las últimas elecciones autonómicas, Conservación da Natureza presentase la denuncia contra su propio funcionario, los investigadores ya tiraban del hilo.

Los ecologistas definían la delirante situación a la que se había llegado en la delegación de A Coruña como “un auténtico desmadre”, pero quizás no podían imaginar que el 60% de todas las licencias concedidas eran espurias. La comprobación, una vez abiertas diligencias, fue fácil: no hubo más que comparar, nombre a nombre, los permisos de caza otorgados con los exámenes realizados y aprobados en los últimos años. La fiscalía se retrotrajo a 2010, pero podría haber licencias falsas desde mediados de 2007, el momento en que se empezó a exigir examen.
Buena parte de las personas que se beneficiaron de las licencias expedidas irregularmente desde la Administración gallega han explicado en sus declaraciones que no sabían que la documentación de la que disfrutaban era ilegal. Efectivamente, habían pagado 150 euros en lugar de los 15 o 29 que oficialmente, dependiendo de la edad, hay que abonar por la tramitación de un permiso normal de caza, pero ante los agentes de la Guardia Civil pusieron todo tipo de excusas. La más habitual, que en la propia armería les ofrecieron gestionarles el permiso cuando se acercaron a informarse, y que creían que la licencia iba en el lote al comprar la escopeta. Como titular de uno de estos permisos obtenidos sin examen, Carlos Muñoz se defendió, según fuentes próximas a la operación, asegurando que se trataba solo de una prueba, algo así como una broma hecha en un ordenador de la consellería sin mala intención alguna.

No obstante, Muñoz niega todo esto. Dice que todo lo publicado por este diario en relación con este asunto es falso. Tanto la noticia de octubre, en la que se daba cuenta de un registro llevado a cabo en la delegación de A Coruña, como la actual. "Es falso que el 60% de las licencias sean ilegales, y es falso de toda falsedad que yo fuese titular de uno de esos permisos. ¡Es una barbaridad tan grande!", se defendió en conversación telefónica. Según explica, fue él mismo quien presentó la denuncia al descubrir la trama en Conservación da Natureza.

La investigación sigue abierta, con el caso Elmer en manos del juzgado de Instrucción número 3 de A Coruña, que ha levantado el secreto sumarial. Es probable que buena parte de los que fueron llamados a declarar como imputados salgan indemnes gracias a sus pretextos, pero J.M.S.G. y sus presuntos socios conseguidores tienen bastante más difícil librarse. Supuestamente, el funcionario llegó a tramitar licencias falsas en horario laboral de la Xunta, en un ordenador de la delegación, y habría cobrado en el mostrador, a cambio de papeles ilegales que incluso entregaría en mano, diligentemente, a quien quisiese echarse al monte a cazar jabalíes y conejos.