OTRA MAS

El futuro del lobo en el parque nacional de los Picos de Europa, que enfrenta a ganaderos y ecologistas, está en manos de los jueces. Dos juzgados ovetenses y el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) tienen la última palabra sobre la legalidad o ilegalidad de los controles de la población del lobo en los Picos, suspendidos desde hace un año porque las autoridades del espacio protegido no contestaron un recurso presentado por una asociación ecologista. Un nuevo recurso conservacionista, al que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA, pretende echar por tierra la decisión del juez David Ordóñez Solís, titular del Juzgado de lo contencioso-administrativo número 4 de Oviedo, que avaló los controles en una sentencia emitida hace unos días. También está pendiente otra sentencia sobre este mismo asunto en el Juzgado de lo contencioso-administrativo número 3 de Oviedo.


Los ecologistas han sacado la artillería pesada e intentan desmontar en su recurso las tesis que el juez tuvo en cuenta para calificar los controles del lobo de «razonables» y «justificados». La Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (Ascel), representada por la abogada Laura López Varona, representante ecologista en el patronato del parque nacional, ha recurrido la sentencia que avaló los controles, al considerar que omite pronunciarse sobre el debate principal: un posible vicio de nulidad porque las tres resoluciones de los rectores del parque nacional que autorizaron la muerte a tiros de lobos se dictaron al margen de cualquier instrumento de planificación, pues el espacio protegido carece de plan rector de uso y gestión (PRUG). Así las cosas, los ecologistas denuncian «incongruencia omisiva» y, subsidiariamente, «infracción del ordenamiento jurídico».


Según los ecologistas, la sentencia que avaló los controles del lobo olvida la ley de declaración del parque nacional de los Picos de Europa, cuya conservación señala como «de interés general de la nación». Una ley que, según Ascel, «se aplica con preferencia absoluta sobre cualquier otra de igual rango normativo». Los conservacionistas esgrimen otros argumentos: destacan que no resulta posible avalar los controles de población del lobo, como ha hecho la Administración, para evitar su expansión a la sierra del Cuera, declarada «zona libre de lobos» por el Principado.


Los ecologistas y animalistas lo tienen muy claro: «Esa motivación es ilegal» y vulnera el ordenamiento jurídico «tanto desde el punto de vista de la gestión de un parque nacional, como desde la abyecta declaración administrativa de "zona de exclusión de lobos", que no encuentra amparo normativo en cuanta legislación existe sobre medio ambiente autonómica, estatal y comunitaria», y que se realiza «sin criterio científico alguno que lo avale y de forma arbitraria». Además, en su declaración en el juicio un funcionario admitió que en la actualidad no hay lobos en la sierra del Cuera, destacan los ecologistas.


El recurso habla asimismo de una presunta «desviación de poder», al haberse dictado las resoluciones impugnadas «no para reducir daños a la ganadería, sino para relajar la tensión social».


Las aspiraciones de los ecologistas chocan frontalmente con las de los ganaderos, que consideran inasumible el actual nivel de daños en las cabañas ganaderas de la comarca oriental, que han alcanzado, incluso, a propietarios de concejos costeros como Llanes o Ribadesella. El Principado, por su lado, afirma que está atado de pies y manos por la suspensión de los controles de población en el parque nacional. El Ejecutivo defiende que hay que eliminar seis lobos para lograr un equilibrio entre la conservación de la especie y la ganadería.