NUEVO PLAN DEL LOBO EN ASTURIAS

El nuevo plan de gestión del lobo, que sustituirá al actual de 2002 y estará vigente durante los próximos siete años, permitirá por primera vez a los cazadores abatir piezas, siempre que se cobren dentro de los controles poblacionales de la especie, una de las más polémicas en Asturias por el alto impacto que causa en la actividad ganadera.

El documento, que ayer finalizó su periplo parlamentario con la presentación realizada por la consejera de Agroganadería, María Jesús Álvarez, ante la Comisión de Agricultura de la Cámara y la posterior votación de las resoluciones de IU y PP, será refrendado por el Consejo de Gobierno para entrar en vigor en el plazo aproximado de un mes.

El texto mantiene la consideración del lobo como especie no cinegética "por razones de coherencia con nuestra legislación de caza y de eficacia en la consecución del gran objetivo de que el estado de conservación de la especie sea compatible con las ganaderías, de modo que la especie pueda llegar a ser un elemento al servicio del desarrollo rural, aceptada por la sociedad", como indicó Álvarez, quien explicó que la Administración seguirá pagando los daños ocasionados por lobos.

El Partido Popular logró la aprobación de una iniciativa en la que se exige al Gobierno regional que realice controles de la población de lobos en los municipios y zonas donde su presencia ponga en peligro la viabilidad de las explotaciones agropecuarias, teniendo como objetivo lograr "daños cero" en la cabaña ganadera.

El diputado regional del PP Luis Venta afirmó que, en la práctica, esta iniciativa aprobada supone determinar espacios libres del lobo en la región, para que se actúe de inmediato si se detecta la presencia de algún ejemplar.

El PP también logró sacar adelante la constitución de un sistema arbitral independiente, consensuado con todos los sectores afectados, para la valoración de los daños, que agilice la tramitación de las indemnizaciones y supere la actual "lentitud, falta de rigor y subordinación a los dictados de la Administración", según indicó Venta. Varios miembros de Asturias Ganadera acudieron a la comisión y mostraron su desacuerdo con un plan que, según denuncian "no convence a nadie y no está consensuado".