Cazadores y ecologistas discrepan sobre los efectos de la prohibición de cazar en fincas privadas de parques nacionales

   La Federación Regional de Caza teme más éxodo rural tras indemnizar a propietarios por cesar la actividad y los conservacionistas ven suficiente un control de la población cinegética en esta zonas

   ical | león

8 enero 2017
   

La cuenta atrás de cuatro años iniciada este mes de diciembre para que al finalizar 2020 se aplique la Ley de Parques Nacionales aprobada el 20 de noviembre de 2014, que prohíbe la caza deportiva y comercial en los 15 existentes, ha encontrado discrepancias entre quienes defienden una práctica ancestral y colectivos ecologistas que apelan a su desarrollo sostenible. Las prohibiciones se amplían además a la pesca, aprovechamientos hidroeléctricos, extracciones mineras y de áridos, y el sobrevuelo de estas zonas a menos de 3.000 metros de altura.

La Red de Parques Nacionales ocupa una superficie de 384.504 hectáreas repartidas entre 19 provincias de 12 comunidades autónomas, y la última incorporación fue la del parque de la Sierra de Guadarrama, con 33.960 hectáreas repartidas entre Castilla y León y Madrid. El segundo parque sobre un total de 15 que tiene también origen castellano y leonés es el de Picos de Europa, territorio que comparte con el Principado de Asturias y Cantabria.

Desde la Federación de Caza de Castilla y León, su presidente, Santiago Iturmendi, entiende que la generación actual propietaria de los aprovechamientos cinegéticos en fincas privadas de espacios protegidos de ámbito nacional, y también regional, sea la que “condene” a otras que pudieran vivir de los recursos existentes en zonas rurales. “Se trata de la peor de las consecuencias, ya que unas personas que se lucran ahora se marchan luego, se convierten en urbanitas y lo hacen en detrimento de quienes en estas zonas plenas de naturaleza puedan alcanzar un modo de subsistir”, apunta.

Por ello, el presidente del colectivo autonómico de cazadores se muestra totalmente contrario a la medida, que teme se amplíe en parques y reservas regionales de caza, al entender que serán mucho mayores los perjuicios que los beneficios. “Me niego a suprimir lo que siempre he defendido y es que los parques nacionales, naturales y reservas regionales existen no por los ingenieros o técnicos en sus despachos, proteccionistas o colectivos anti caza, si no por generaciones que viviendo en unas condiciones muy duras han gestionado estos terrenos maravillosamente bien”, explica a Ical.

A su juicio, los habitantes de los espacios protegidos siempre han sabido cuál era el número de árboles que había que talar para preservar los bosques, sacar la leña justa para tener el monte limpio o el número de cabezas de ganado para contar con pastos suficientes. “Si a estos pobladores se les expropia e indemniza para que no haya aprovechamientos cinegéticos en sus propiedades se irán y nos quedaremos sin el mayor valor que han tenido estas zonas naturales para conservarse”, asevera.

Iturmendi, no obstante, precisa que los cazadores y ecologistas se han entendido siempre pero no será posible “con colectivos distintos anti sistema y anti caza” al desconocer qué alternativas tienen. “No sé por qué hay que dejar de cazar lobos cuando las ganaderías extensivas en Castilla y León han pasado de 14.000 a solo 3.000 en diez años. Se ha condenado a mucha gente a la ruina y a que no vivan en zonas rurales o se conviertan en desiertos por no haber sistemas de vida. Animales y hombres fueron siempre compatibles y existió racionalidad en la predación”, expone.

A su vez reclama la compatibilidad de gestión de los recursos, evitando en la medida de lo posible los proteccionismos “radicales o totalitarios” para que no se produzcan posturas extremas. “La naturaleza es muy sabia y quienes durante siglos habitaron maravillosos parajes los han mantenido sin necesidad de medidas de protección como prohibir que la caza. El coste en indemnizaciones será espectacular para la administración y el bolsillo del contribuyente. Se riza el rizo cuando luego hay que vivir, criar animales y crear pastos o talar árboles por que si no se comerán espacio entre ellos y desaparecerán los bosques”, arguye Santiago Iturmendi.

Postura ecologista

Por su parte, el secretario general de la organización ecologista WWF-España, Juan Carlos del Olmo, sostiene que sin ser “anti caza ni mucho menos” el colectivo presentó enmiendas a la Ley de Parques Nacionales y fue “contundente”, al entender que estos espacios protegidos “están creados para mantener y gestionar las condiciones más naturales posibles, lo que no quiero decir que no pueda o deba haber incluso un control de la fauna para mantener el equilibrio poblacional”.

Para el dirigente conservacionista, con el aludido control objetivo final que se persigue “no es el trofeo de caza”. Así, en en zonas valladas donde, como ejemplo hay reservas ciervos, argumenta que “al no existir predadores naturales la especie acabaría teniendo una incidencia muy alta sobre la población y se pondrían en peligro valores naturales, por lo que debe ser la propia guardería forestal quien lleve a cabo un control selectivo”, señala, al tiempo que recuerda que cuando se abate algún ejemplar animal “nada tiene que ver con la caza deportiva y comercial”, que es lo que prohíbe expresamente la Ley de Parques Naturales.

En esta línea, recuerda que estos 15 territorios protegidos a través de una ley “representan solo el uno por ciento de la superficie total del país” y que, lo lógico, es buscar que se mantengan varias especies de fauna. “Y debe hacerse sin que exista una intervención humana, lo que no quiere decir que no se lleve a cabo cierto control de la población en determinadas especies”, arguye.

Igualmente, Del Olmo cree que con la prohibición de la caza deportiva y comercial en parques nacionales “se da un salto más” en cuanto a la supresión de varias actividades en estos territorios y que “es mayor que en los denominados parques naturales de ámbito regional”. Sin embargo, expone que hay parques nacionales donde se “practica la ganadería porque se considera positiva para la gestión de los pastos o del territorio, pero siempre de forma muy selectiva y justificada para la conservación del lugar”.

El secretario general de la organización ecologista WWF-España entiende que los parques nacionales “no son una traba si no un beneficio” para los lugares donde están asentados y no por suprimir la caza se va a producir un perjuicio. Así, sostiene que están recibiendo muchas subvenciones públicas de las que se benefician los pueblos del entorno; que se prioriza a estos territorios en los planes de desarrollo rural; y que existe un claro foco de atracción turística de la que se beneficia toda una comarca con la existencia de casas rurales, hoteles y restaurantes que crean empleo en entornos rurales

“Los parques naturales son en general fuentes de riqueza allí donde se ubican y ahí están los casos evidentes del Teide, Monfragüe, Doñana o Cabañeros, donde si no existieran probablemente se convertirían en zonas deprimidas. Habrá algunas cortapisas en los usos del territorio pero compensan enormemente todos los beneficios obtenidos”, concluye.



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