La Comunidad de Madrid revisará las ayudas a ganaderos por ataques de lobo

El sector exige actualizar los baremos por «insuficientes» tras dos sentencias a su favor, con pagos de 21.555 y 24.703 euros

Ignacio S. CallejaIgnacio S. Calleja

02/10/2018 01:52h


Los ataques del lobo en la región se mantienen y, con ello, el consiguiente conflicto entre la Administración y los ganaderos por las indemnizaciones. El colectivo, que exige una mejora de los baremos por considerarlos «insuficientes», aprovecha ahora dos sentencias judiciales a su favor –de 21.555 y 24.703 euros– para hacer fuerza y pedir al Gobierno de la Comunidad de Madrid que los actualice. La consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, aunque insiste en que las dotaciones no han parado de crecer en los últimos tres años, ha atendido la petición –tras una reunión en agosto– y estudia una revisión.

La problemática del lobo ibérico (Canis lupus signatus) en Madrid se remonta poco más de diez años atrás, cuando después de décadas de ausencia (la última pareja fue abatida en 1952 en el valle del Lozoya) se comprobó su cría en el paisaje regional, especialmente en la Sierra Norte. A medida que se asentaba en la zona, sus ataques a las diferentes explotaciones ganaderas han ido en aumento hasta estabilizarse en la actualidad. Según los últimos datos de la consejería que dirige Carlos Izquierdo, en el primer semestre de este año hubo 116 ataques, que afectaron a 195 reses de vacuno, 80 ovejas y cabras y dos equinos. En 2017 se llegó a los 337 incidentes.

La Unión de Agricultores, Ganaderos y Silvicultores de Madrid (Ugama) considera que la presencia de este cánido ha derivado en una situación que la Comunidad «no quiere afrontar». «Lo que se paga es una miseria y las pérdidas cada vez son mayores, algunos han abandonado y otros están desesperados; no se puede mirar hacia otro lado», declara a ABC Alfredo Berrocal, presidente de la entidad, en referencia a la gestión autonómica.

Las indemnizaciones varían en función del animal y su edad. Así, incluyendo el lucro cesante y los daños indirectos, las ayudas públicas –por ataques de lobos, perros silvestres y buitres– oscila entre los 30 euros para víctimas ovinas y caprinas de más de 7 años y los 1.200 euros (el máximo) para el ganado bovino de entre 1 y 10 años.
Los ganaderos sostienen que las pérdidas por los ataques son cada vez mayores y las ayudas no bastan: «Unos han abandonado y otros están desesperados»

En los casos de muertes de ovejas y cabras, se dan 60 euros para los ejemplares menores de 6 meses y 120 euros para mayores de seis meses y menores de 7 años, aunque si se trata de un carnero sube hasta los 220 euros. Si la unidad supera esta edad, el pago máximo será de 30 euros. Para la cabaña bovina (además de los 1.200 euros indicados anteriormente), se abonan 450 euros para animales menores de seis meses; 800 para mayores de seis meses y menores de doce; 600 para los mayores de 10 años. En el caso de los equinos, se dan 250 euros para menores de 36 meses; 500 para los que estén por encima de esta barrera; y 60 para los menores de seis meses.

Fuentes de la Comunidad de Madrid defienden que si en 2015 el presupuesto total era de 60.000 euros, en la actualidad asciende a los 250.000. En 2019, añaden, será de 300.000 euros. «Tampoco se exige al ganadero contar con un seguro para cubrir el riesgo, como ocurre en otras comunidades», detallan en Medio Ambiente.
Reconocimiento judicial

La disparidad de criterios en las dotaciones públicas ha llegado hasta el punto de que varios ganaderos han llevado el caso a los tribunales. Hasta la fecha, las únicas sentencias dictadas –a favor de dos hermanos de Paredes de Buitrago– decantan la balanza del lado del sector, con la obligación para el Gobierno regional de pagar 21.555 y 24.703 euros a los interesados, una suma muy superior. «Es la única alternativa que tenemos ahora y reconoce lo que ya pedimos, los costes asociados y no solo el lucro cesante», valora Berrocal. Ugama defiende que los pagos actuales no miden consecuencias como el estrés, la pérdida de celo o la capacidad productiva. Se espera que próximamente se resuelvan otras doce o catorce denuncias.
Las sentencias recientes reconocen no solo el impacto en el lucro cesante, también costes asociados al estrés del animal, la pérdida del celo o la productividad

Estos veredictos se reconocen como un punto de inflexión en el conflicto entre las partes. Si bien desde la Comunidad señalan que «cada caso es distinto y se han tenido en cuenta circunstancia muy especiales», lo cierto es que ha creado un precedente que anima a los ganaderos a denunciar y reclamar la indemnización por la vía judicial. No obstante, desde Ugama insisten en que esa no es su prioridad. «Debemos analizar hasta dónde podemos llegar para que no sea necesario ir a los tribunales, lo que queremos es negociar y evitar estas indemnizaciones tan altas», asegura el presidente de este colectivo. La Comunidad, por su parte, asegura que la demanda está en «estudio», pero la tramitación y los posibles cambios «llevan tiempo».

Aunque esta revisión es el eje de la reclamación de los ganaderos, también piden que se implanten medidas preventivas para evitar los ataques. Con las muertes de ovejas y cabras en niveles de otros años, la situación obliga a proteger el ganado bovino, que ha subido notablemente. Según explican desde el sector, el pastoreo de estos animales requiere una atención especial porque, por ejemplo, no pueden estar cerrados por la noche. «Es más difícil protegerlo», afirma Berrocal.

Condenados a entenderse

Como informó ABC, el último Plan de Gestión del Lobo, implantado hace dos años, preveía las indemnizaciones, la recuperación de majadas, modernizar las instalaciones con sistemas eléctricos y, entre otros, utilizar mastines. Los ganaderos, además, abogan por crear un consejo agrario para profundizar en los problemas del sector. En Medio Ambiente, además, indican que se está abordando un «ambicioso proyecto» para profundizar en ello. «Esperemos que nos permita contar con un estudio definitivo y fiable».

Lo que está claro es que, con el lobo plenamente asentado en el norte y noroeste de la Comunidad de Madrid, los ganaderos deben asumir que están obligados a convivir con él y que los ataques, incluso, son inevitables. «Lo sabemos, pero no en estas condiciones», señalan. La especie está protegida y su caza se castiga con sanciones económicas y penales.


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