Nuevo paso del lobo hacia el juicio

La Audiencia Nacional admite el recurso del sindicato COAG contra la inclusión de este carnívoro entre las especies protegidas

El caso del lobo se acerca cada vez mas a verse en los tribunales. La Audiencia Nacional acaba de admitir a trámite el recurso del sindicato COAG Asturias contra la orden de inclusión del lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) y en el Catálogo Español de Especies Amenazadas.

El recurso de COAG se suma a la demanda presentada por la Consejería de Medio Rural y Cohesión territorial en noviembre pasado, también para reclamar la no inclusión del lobo en el Lespre y, por ende, la continuidad del Plan de Gestión del Lobo del Principado en los términos en los que se venía aplicando las últimas dos décadas.

En el recurso contencioso administrativo de COAG, el sindicato pide además medidas cautelares para que en tanto en cuanto no se sustancie el proceso se pueda suspender la aplicación de dicha orden, dictada el 20 de septiembre del año pasado por el Ministerio de Transición Ecológica y para el Reto Demográfico, a cuyo frente está la vicepresidenta cuarta y ministra Teresa Ribera.

Con todo, la Audiencia Nacional aún no se ha pronunciado sobre dicha petición de cautelares, que habilitaría al Principado de Asturias a retomar la retirada de ejemplares de la forma que se venía haciendo hasta que la inseguridad jurídica generada por esta polémica legal llevó a la Consejería de Medio Rural a suspender dichas retiradas (que no podían ser ni de cachorros, ni de hembras, ni de líderes de manada, sino solo de ejemplares problemáticos).

El sindicato ha logrado, además, que la Audiencia Nacional reclame al ministerio el envío de todo el expediente administrativo que justificó la orden de inclusión del lobo en el Lespre, lo que permitirá a los servicios jurídicos de COAG-Asturias, encabezados en este asunto por la abogada Clara Esther Rodríguez Guerra, formalizar su demanda con pleno conocimiento del itineario legal y el argumentario que llevó al ministerio a justificar la prohibición total de la caza del lobo.

COAG insistió hoy, tras conocer el decreto de la Audiencia Nacional, en que la situación es ''sumamente delicada, la aplicación de la Orden Lespre podría suponer la desaparición definitiva de la cabaña ganadera asturiana''.

No hay retiradas de ejemplares

Además, el sindicato se suma a la consejería al considerar que «sin un pronunciamiento judicial al respecto, seguiremos en tierra de nadie, mientras el lobo sigue atacando a nuestro ganado», motivo por el cual pide «a la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial que busque alternativas a esta situación, concretamente las Disposiciones adicionales primera y segunda de la Orden, que permiten el control de la población de lobo en nuestra comunidad autónoma''.

Sin embargo, dichas disposiciones impiden que las retiradas de ejemplares sean mediante la eliminación física de dichos lobos, y generan un problema adicional, que es cómo, dónde y con qué intención conservar vivos a los lobos retirados del medio natural, ejemplares adultos habitualmente problemáticos de por sí. De hecho, por el momento no se está procediendo a retiradas sin muerte en el territorio del Principado. La consejería indicó que «actualmente no se hacen extracciones letales en ningún punto de España, porque las disposiciones de la Orden Ministerial no ofrecen la seguridad jurídica para poder realizarlas. Esas disposiciones, que van más allá de la propia Directiva Hábitats, están específicamente recurridas en la demanda que hemos presentado».

Dicha demanda incluía una petición de medidas cautelares para que en tanto en cuanto se sustancien los recursos «se suspenda precisamente el efecto de la Orden Ministerial y podamos desarrollar el Plan de Gestión como hasta la fecha en lo concerniente a las extracciones, que es la parte que hemos suspendido temporalmente por la inseguridad jurídica existente». Esa suspensión la están aplicando las cuatro comunidades que tienen en sus montes el 95% del lobo ibérico, que son Asturias, Galicia, Cantabria y Castilla y León, que en este asunto han formado y mantienen un frente común ante las decisiones del ministerio que dirige Teresa Ribera.

En el territorio del Principado de Asturias se estima la existencia de casi medio centenar de manadas de lobos, basándose en los estudios del Plan de Gestión del Principado, que elaboran los servicios forestales sobre el terreno mediante la observación directa, indirecta y el rastreo mediante varias tecnologías.

En dicho recurso contencioso administrativo, el sindicato pide además medidas cautelares para que en tanto en cuanto no se sustancie el proceso se pueda suspender la aplicación de dicha orden, dictada el 20 de septiembre del año pasado por el Ministerio de Transición Ecológica y para el Reto Demográfico, a cuyo frente está la vicepresidenta cuarta y ministra Teresa Ribera.

Con todo, la Audiencia Nacional aún no se ha pronunciado sobre dicha petición de cautelares, que habilitaría al Principado de Asturias a retomar la retirada de ejemplares de la forma que se venía haciendo hasta que la inseguridad jurídica generada por esta polémica legal llevó a la Consejería de Medio Rural a suspender dichas retiradas (que no podían ser ni de cachorros, ni de hembras, ni de líderes de manada, sino solo de ejemplares problemáticos).

El sindicato ha logrado, además, que la Audiencia Nacional reclame al ministerio el envío de todo el expediente administrativo que justificó la orden de inclusión del lobo en el Lespre, lo que permitirá a los servicios jurídicos de COAG-Asturias, encabezados en este asunto por la abogada Clara Esther Rodríguez Guerra, formalizar su demanda con pleno conocimiento del itineario legal y el argumentario que llevó al ministerio a justificar la prohibición total de la caza del lobo.

COAG insistió hoy, tras conocer el decreto de la Audiencia Nacional, en que la situación es ''sumamente delicada, la aplicación de la Orden Lespre podría suponer la desaparición definitiva de la cabaña ganadera asturiana''.

Además, el sindicato se suma a la consejería al considerar que «sin un pronunciamiento judicial al respecto, seguiremos en tierra de nadie, mientras el lobo sigue atacando a nuestro ganado», motivo por el cual pide «a la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial que busque alternativas a esta situación, concretamente las Disposiciones adicionales primera y segunda de la Orden, que permiten el control de la población de lobo en nuestra comunidad autónoma''.

Sin embargo, dichas disposiciones impiden que las retiradas de ejemplares sean mediante la eliminación física de dichos lobos, y generan un problema adicional, que es cómo, dónde y con qué intención conservar vivos a los lobos retirados del medio natural, ejemplares adultos habitualmente problemáticos de por sí.

En el territorio del Principado de Asturias se estima la existencia de casi medio centenar de manadas de lobos, basándose en los estudios del Plan de Gestión del Principado, que elaboran los servicios forestales sobre el terreno mediante la observación directa, indirecta y el rastreo mediante varias tecnologías.

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