La ley animalista obliga a tener asistencia veterinaria las 24 horas a pueblos que ni siquiera tienen médico

La ley animalista obliga a tener asistencia veterinaria las 24 horas a pueblos que ni siquiera tienen médico
El colectivo de veterinarios ha mostrado su «lógica preocupación» por este aspecto de la ley animalista que no podrán cumplir los ayuntamientos en España

Por Adriana Díaz / 7 de mayo de 2024
Jara y Sedal alertaba en primicia a finales de 2022 que la ley animalista que entonces se estaba fraguando generaría situaciones tan absurdas como onerosas para los ciudadanos. Y así fue, el texto finalmente aprobado obliga a miles de pueblos donde el médico solo va una vez a la semana a sufragar un servicio de urgencia para la recogida y atención veterinaria de animales extraviados o abandonados disponible los 365 días del año durante 24 horas al día.

Es concretamente el artículo 22 de la Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, el que obliga a todos los ayuntamientos de España sin excepción a contar con un servicio de urgencia para la recogida de animales extraviados y a prestar asistencia veterinaria las 24 horas del día.

Podríamos decir que se trata de una especie de Seguridad Social para animales de la que ni siquiera gozan las personas de muchos de los más de 8.100 ayuntamientos que hay en España si tenemos en cuenta que en los más pequeños, con suerte, la visita del médico de familia se reduce a uno o dos días a la semana.

¿Qué dice concretamente el Artículo 22?
El punto 1 del Artículo 22 de la ley animalista establece que «corresponderá a los ayuntamientos la recogida de animales extraviados y abandonados y su alojamiento en un centro de protección animal. Para ello deberán contar con un servicio de urgencia para la recogida y atención veterinaria de estos animales, disponible las veinticuatro horas del día».

Este aspecto abre la puerta a que este servicio sea privatizado y asignado a entidades pertenecientes al lobby animalista, como las protectoras animales, puesto que incide en que «esta gestión podrá realizarse directamente por los servicios municipales competentes o por entidades privadas, sin perjuicio de que, siempre que sea posible, se realicen en colaboración con entidades de protección animal».

No está de más recordar que, una de cada cuatro personas de la España Vaciada vive en riesgo de exclusión social, según datos de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN) y los datos recogidos en su último informe, denominado tasa AROPE. Resultará difícil en estas zonas explicar a los habitantes rurales por qué se otorgan a los animales las prestaciones de las que se priva a los vecinos.

El colectivo de veterinarios, en contra
En contra de la medida, que no fue consensuada en ningún momento con los consistorios, se ha mostrado recientemente el colectivo de veterinarios, corroborando la gran dificultad de que los ayuntamientos españoles puedan cumplir con el artículo 22 de la Ley 7/2023.

El colectivo de veterinarios ha estado representado por Luis Alberto Calvo Sáez, presidente de la Organización Colegial Veterinaria (OCV), en una reunión con Luis Martínez-Sicluna Sepúlveda, secretario general de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). En ella han abordado la situación provocada por la entrada en vigor de la ley animalista.

De este modo, Calvo ha expresado la «lógica preocupación» del sector por las dificultades a la hora de aplicar la Ley. El motivo aludido ha sido que «en España hay poco más de 250 veterinarios municipales, que ejercen en ciudades y poblaciones grandes, pero existen algo más de 8.100 ayuntamientos, la inmensa mayoría sin capacidad económica para contar con los servicios veterinarios que la normativa les obliga a prestar».

Dentro de dicho punto figuran la gestión de colonias felinas o la atención sanitaria y clínica a mascotas durante las 24 horas del día. Esto lo han valorado, en boca del presidente de la OCV, como «algo que va a ser imposible de realizar salvo que se cuente con el apoyo de diputaciones, comunidades autónomas y la propia Administración central».

Por último, el secretario general de la FEMP compartió las dudas mostradas por el representante de los veterinarios y expresó su deseo de estudiar las líneas de actuación conjunta para cumplir con la ley. En este sentido, ha hizo hincapié en el caso de los municipios pequeños «ya que existen en España más de 5.000 ayuntamientos con menos de 1.000 habitantes».