Furtivos en el punto de mira

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Dos trofeos localizados a dos furtivos en Membrío.

Atajar la caza ilegal es una tarea más en el día a día de las fincas extremeñas. Ocurre por ejemplo en Casasolilla, situada en el término municipal de Casas de Millán a unos 40 kilómetros de Plasencia, donde a finales de enero tuvo lugar la primera detención de furtivos de este 2013 en el que ya se han identificado seis. Ocurrió en la madrugada del sábado 26, que fue cuando la Guardia Civil de Serradilla dio el alto en uno de los caminos de acceso a la localidad a un coche que circulaba demasiado lento. En su interior iban cuatro personas con las manos manchadas de sangre y en el maletero llevaban las cabezas de un venado de 11 puntas y de un gamo. Se les encontraron además dos linternas de largo alcance y un silenciador con el que disparar sin hacer ruido y que llevaban oculto debajo de los asientos.

Los cuerpos de los animales los habían abandonado en la finca en la que los habían abatido porque lo que interesaba en este caso eran las cabezas, los trofeos.

Otras veces, aunque los expertos del sector aseguran que son las menos, lo que buscan los cazadores furtivos es carne, mientras que es muy raro que siga habiendo quienes, como el personaje literario Juan Lobón dibujado por Luis Berenguer, continúen escondiéndose a la luz de la luna para echar un pulso a lo prohibido.

«Esa última figura que puede resultar más o menos romántica ya no existe y la verdad es que era respetable porque reflejaba a un auténtico amante de la caza, aunque fuera furtivo», indica Antonio Bueno, responsable de la empresa Ibercaza que asegura que ese personaje dista mucho del ilegal del siglo XXI «que se mueve exclusivamente por el afán de ganar dinero y no son en absoluto respetables».

Los datos que maneja la Guardia Civil revelan que conseguir buenos trofeos es el objetivo de la mayoría de los cazadores ilegales que actúan en la región, hombres que tienen entre 22 y 50 años, que pertenecen a todas las clases sociales y que se mueven por distintos motivos, aunque en la mayoría de los casos es tener una buena cabeza con la que aumentar la colección particular.

En los últimos tres años han detenido a un total de 126 en la región, reduciéndose la cifra progresivamente desde los 56 imputados del año 2010 hasta los 32 de 2011 y los 38 de 2012. Una caída que tiene su origen en la cada vez más intensa labor de vigilancia que desarrollan los agentes, que son los que tienen competencias específicas para luchar contra la ilegalidad cinegética.

En un informe que han elaborado sobre furtivismo en Extremadura, aseguran que la venta clandestina de carne ha perdido adeptos «por la devaluación económica del producto y los riesgos que conlleva para la salud pública el hecho de que esas piezas no hayan sido analizadas por un veterinario». Consecuencias como la temida triquinosis, que se puede transmitir al comer carne de animales enfermos.

No está del todo de acuerdo con esta apreciación el portavoz de Ibercaza, que asegura que en bastantes ocasiones se sigue comprando por la puerta de atrás pasando por alto cualquier tipo de valoraciones sanitarias.

«Hay mercado negro de carne de caza en la región», asegura Antonio Bueno, mientras que el presidente de la Federación Extremeña de Caza, Rafael Domínguez, añade que el consumo propio es lo que mueve también a muchos ilegales a salir al campo.

«Cuando ha habido crisis siempre ha pasado esto, que unos cuantos salen a cazar furtivamente en lugar de dedicarse a otra actividad delictiva más escandalosa, lo que no quiere decir que esta no lo sea. Por eso les da igual tirar a machos que a hembras porque lo que quieren es la carne para su propio consumo».

En cualquier caso todos coinciden en que la modalidad más lucrativa es conseguir un buen trofeo de caza por menos dinero de lo que costaría abatirla legalmente en una montería organizada. Una práctica, la caza ilegal, que muchas veces engancha incluso a cazadores de otras regiones que se aventuran en la dehesa extremeña como un furtivo más.

La mayoría de quienes la practican, sin embargo, son extremeños que suelen moverse dentro de sus propias provincias por terrenos que conocen prácticamente a la perfección, aunque hay ocasiones en las que también lo hacen vecinos de otras limítrofes como Ávila, Ciudad Real o Salamanca, según los datos facilitados por la Benemérita.

En el caso de la caza mayor las zonas más visitadas por los furtivos son La Siberia, Sierra de San Pedro, Villuercas-Ibores, Parque Nacional de Monfragüe, Sierra de Gredos en su límite con Ávila y Las Batuecas en su frontera con Salamanca. En caza menor los Llanos de La Serena y la comarca de Llerena se llevan la palma en la provincia pacense.


Detrás de la caza ilegal se encuentran «sujetos de clase baja, media y alta con pretensiones e intereses de distinta índole», según se señala desde la Guardia Civil.

«Se dedican a ello tanto individuos a nivel particular como auténticas organizaciones», apuntan por su parte los propietarios afectados, que tienen que hacerles frente invirtiendo mucho dinero y mucho tiempo en este empeño. Así se lo exige la necesidad de vigilar e instalar medidas disuasorias que ahuyenten a los cazadores ilegales de su propósito y consideran que dar publicidad a las detenciones, informar de que se han producido, es beneficioso porque puede echar para atrás a otros que tengan la misma intención.

«Los cazadores furtivos cuentan hoy en día con muchos medios técnicos y logísticos a la hora de realizar su tarea. Tienen desde telefonía hasta emisoras con las que controlan si hay vigilancia, aparatos de visión nocturna, silenciadores, instrumentos de iluminación...», cuenta el propietario de una explotación cinegética que se ha visto afectado en más de una ocasión por el asalto de los cazadores ilegales.

«Los gastos a los que tenemos que hacer frente -continúa- son evidentes y pasan por contratar vigilantes que refuercen a la guardería de la propia finca y la labor tan importante que desarrolla la Guardia Civil. Exige también instalar sofisticados sistemas de cámara, alarmas que detectan disparos, detectores de presencia, gasto de combustible para vigilar desde los coches recorriendo el terreno...».

El furtivismo, de hecho, ha llevado a que se amplíe en los últimos años el negocio de la seguridad privada traslando hasta el campo abierto agentes de seguridad, cámaras y placas de advertencia como los que pueden verse en los inmuebles de cualquier municipio.

Los afectados lo tienen difícil también jurídicamente, de manera que reclaman una mayor agilidad que les facilite la solución de este problema.

«Pillar a un furtivo en plena acción es complicado. Tienes que hacerlo en el momento en el que está disparando, con el arma en la mano... Porque puedes sorprenderle con el animal y que te diga que se lo ha encontrado. A ver cómo demuestras que no es así», indica Bueno, de Ibercaza.

El objetivo de atajar la caza furtiva sería impensable sin la colaboración de la Guardia Civil, que es el cuerpo que tiene competencias asumidas respecto a la vigilancia y el control de las actividades cinegéticas y lo hace específicamente a través del Servicio de Protección de la Naturaleza, Seprona.

Los furtivos no se lo ponen nada fácil, sobre todo los que se dedican a la caza mayor que son la mayoría, porque actúan de noche.

«Entran en las zonas ya seleccionadas al ocaso, a la espera del paso de los animales hacia los comederos o los sitios en los que beben y eso favorece su impunidad a la hora de cometer los hechos, al mismo tiempo que dificulta sobremanera la acción policial de identificación y dentención», explican.

Los furtivos de la caza menor prefieren sin embargo las mañanas y a ser posible los días laborables en los que la presencia de personas en el campo es escasa.

A los que son detenidos se les imponen sanciones que les prohíben cazar durante meses o incluso años. Uno de los delitos que se les pueden imputar es el de cazar sin el debido permiso del titular de la finca, tipificado en el Código Penal, según el cual se le puede inhabilitar para la práctica cinegética desde cuatro meses hasta tres años.

Para los furtivos a los que se detecta fuera de las temporadas establecidas por la orden general de vedas también se les puede aplicar el mismo código, que en este caso establece multas de ocho a 12 meses o entre dos y cinco años.

Son las penas que se imponen a quienes se saltan las normas y entran por la puerta de atrás en terrenos que no son suyos para practicar una actividad ilegal que genera gastos y más de un disgusto a los propietarios de terrenos cinegéticos en Extremadura.