Grupos anticaza

En noviembre de 2011, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ordenó la suspensión cautelar de los artículos referidos a las especies de caza menor de la Orden Anual de Caza. Esta suspensión suponía una paralización inmediata de la actividad cinegética sobre las especies de menor a las puertas de la temporada general. La medida cautelar era consecuencia de una demanda presentada por Ecologistas en Acción basándose en la falta de soporte reglamentario de esta disposición.

Entre otras carencias denunciadas no existía una norma de rango reglamentario que estableciese previamente a la Orden el listado de especies de aves que pueden ser objeto de caza, tal y como obliga la Directiva Europea 74/409 de Aves. El defecto era claro y conocido desde hacía tiempo, y el Tribunal tenía toda la razón, aunque las consecuencias de la paralización de la caza, principalmente económicas, habrían sido catastróficas para la Comunidad y se habría provocado un grave daño social a 125.000 cazadores.

Ante esta situación, la Junta de Castilla y León anuló las disposiciones citadas y desarrolló el Decreto 65/2011, por el que se regula la conservación de las especies cinegéticas de Castilla y León, su aprovechamiento sostenible y el control poblacional de la fauna silvestre. Como consecuencia de lo anterior, y con el único y verdadero objetivo de prohibir la caza, en marzo de 2012 el grupo anticaza presentó una nueva demanda, esta vez con el Decreto 65/2011. Según este grupo, prácticamente ninguna de las especies cinegéticas que recoge el Decreto deberían incluirse como tales por grave declive poblacional, que tratan de demostrar utilizando y forzando si es necesario las estadísticas a conveniencia, o alegando falta de interés del colectivo de cazadores hacia la especie (que ellos mismos valoran).

Conocidas las actuaciones previas de este grupo anticaza contra Canarias (donde han acabado con la media veda) y contra Castilla-La Mancha (donde también lo intentaron), y para contribuir a evitar que, por negligencia o falta de interés de las Administraciones, se provocase otra situación extrema como la vivida en esta región en 2011, la Federación de Caza de Castilla y León intervino personándose en calidad de codemandada en defensa de la legalidad del citado Decreto.

El pasado 10 de septiembre tuvo lugar la prueba pericial en el Tribunal Superior de Justicia. El perito que debiera haber aportado el grupo ecologista no compareció para defender su informe, pero sí lo hizo el técnico responsable de la Junta de Castilla y León y el perito de la Federación, Mario Sáenz de Buruaga. Esta actitud de los ecologistas ha sido tildada por el presidente de la Oficina Nacional de la Caza (ONC), Juan Antonio Sarasketa, como “irresponsable y carente de seriedad”, además de “gravosa para las arcas del estado y un sistema judicial desbordado en un momento de crisis tan acuciante como el que estamos viviendo”.

“Las administraciones regionales deberían replantearse el absurdo que supone tener a Ecologistas en Acción en los Consejos de Caza, donde inexplicablemente tienen voz para plantear sus puntos de vista y objeciones, pero no lo hacen”, apunta Sarasketa. Desde la asesoría de la Federación de Caza de Castilla y León (miembro de la ONC) coinciden: “es tremendo el gasto innecesario de medios, recursos, tiempo y trabajo por parte de muchos, incluida la Administración de Justicia, para que finalmente ni siquiera comparezcan”.