Otra zancadilla.

El pasado día 2 de diciembre de 2012 la AER tuvo conocimiento, a través de su delegado en Cádiz, Raúl Caballero, de la aparición, en una montería celebrada en esta provincia, de un subinspector de Trabajo, acompañado del Seprona, que se dirigió a los rehaleros presentes preguntándoles qué contraprestación económica estaban recibiendo, sobre la que poder determinar si existía una relación laboral por cuenta ajena o como empresario por cuenta propia, cursando diversas sanciones a los rehaleros presentes por este hecho.

Según la AER ha podido saber, esta línea de actuación es, por ahora, exclusiva de la Inspección de Trabajo de la provincia de Cádiz. Ante la inseguridad jurídica provocada por esta actuación y la postura que representa, en asamblea celebrada en la Venta Los Corzos de Alcalá de los Gazules el pasado día 12 de diciembre, los rehaleros allí reunidos decidieron no salir a cazar hasta que no se aclarase a qué motivos se debían estos hechos y en base a qué normativa o criterio de interpretación estaba actuando la Inspección de Trabajo de Cádiz.

Como consecuencia de esta decisión, según nuestras fuentes de información, las cuatro monterías que se iban a celebrar en la provincia de Cádiz entre los días 14, 15 y 16 de diciembre tuvieron que ser suspendidas por falta de rehalas. Nos consta que, ante la parada de las rehalas gaditanas, algunos organizadores intentaron suplir su ausencia con rehalas foráneas pero éstas se negaron a participar ante la situación planteada.

Como prueba de solidaridad, la decisión de dejar de montear ha tenido un éxito sin precedentes.

Solicitada por parte de Alfonso Aguado, vicepresidente de la AER, una reunión con el máximo responsable de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Cádiz, Eugenio Fausto Santa Bárbara Martínez, se celebró ésta el día 18 de diciembre de 2012. A ella asistieron el delegado de la AER para Andalucía, Antonio Pinelo, y el delegado de la AER por Cádiz, Raúl Caballero, así como el presidente de la Federación Andaluza de Caza, José María Mancheño, y el delegado de Cádiz de la FAC, Alfonso Medina.

En el curso de esta reunión, el Inspector Jefe de Trabajo de Cádiz confirmó que están actuando tan sólo a nivel de esta provincia, que lo hacen sin aplicar una normativa específica en materia cinegética y que sus criterios son los generales que podrían aplicar a cualquier actividad.

Por parte de la AER se le manifestaron las quejas por su proceder, ya que esta asociación entiende que, en primer lugar, se debería crear esta normativa específica, consensuándola con los sectores afectados, y después supervisar su cumplimiento, expresando, de igual manera, a la forma en que se llevó a cabo la actuación del subinspector de Trabajo, más adecuada a la persecución de cualquier tipo de delito que a la supervisión de una actividad deportiva.

Por parte de la AER se solicitó a la Inspección de Trabajo que aclarase con qué criterios iban a actuar en lo sucesivo, ante lo cual expusieron los siguientes puntos de referencia:

Reconocen que hay rehaleros que practican su afición sin ánimo de lucro.

Si se detecta que hay rehaleros que realizan su actividad con ánimo de lucro deben regularizar su situación como trabajadores por cuenta ajena o empresarios por cuenta propia.

Actuarán en cacerías colectivas.

Podrán intervenir en cualquier tipo de monterías, si bien se matiza que, a priori, las que más les interesan son las organizadas por entidades mercantiles y con ánimo de lucro.

Interpretan que la rehala participa con ánimo de lucro cuando el rendimiento que obtengan no sea insignificante.

Estiman que el precio de mercado del alquiler de una rehala oscila sobre los 250 €.

La consecuencia de realizar la actividad por cuenta propia es el alta de oficio, en principio, sin sanción. Si fuera por cuenta ajena, el responsable de la infracción sería el empresario.

Indicios para estimar que hay una actividad laboral:

•La información que facilite el organizador.
•Los medios de publicidad que emplee el rehalero.

En principio, donde haya dudas, no van a “pasar el rodillo”.


A partir de estas aclaraciones, el delegado en Cádiz de la AER, convocó una reunión, el jueves 19 de diciembre, para informar de la situación a los rehaleros, a fin de que cada uno sepa a qué atenerse en la presente temporada. En esta reunión se propuso reanudar la actividad de las rehalas en la provincia de Cádiz.

El presidente de la Federación Andaluza de Caza, José María Mancheño, por su parte, ha propuesto plantear al Ministerio de Trabajo el aplicar a la caza con rehala la exención del régimen de la Seguridad Social prevista en el art. 7.6 de la Ley General de Seguridad Social, cuyo tenor literal es el que sigue: “No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores del presente artículo, el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y oídos los Sindicatos más representativos o el Colegio Oficial competente, podrá, a instancia de los interesados, excluir del campo de aplicación del Régimen de la Seguridad Social correspondiente, a las personas cuyo trabajo por cuenta ajena, en atención a su jornada o a su retribución, pueda considerarse marginal y no constitutivo de medio fundamental de vida”.

Esta línea de actuación de la Inspección de Trabajo de Cádiz abre una nueva puerta para la que los rehaleros no están preparados, con consecuencias que aún no podemos determinar. En esta reunión se ha permitido que la AER conozca los criterios de esta Inspección de Trabajo en particular, pero si ocurre en otro punto de nuestra geografía puede que utilicen otro baremo, seguramente más restrictivo.

Lo que sí es seguro es que se corre el riesgo de mirar nuestra actividad exclusivamente desde un punto de vista material, ajeno a la afición que conlleva, y que puede aparcar a un lado de un plumazo a muchos aficionados que tienen sus perros sin otra contraprestación que el verlos cazar, personas que no tienen o no pueden tener una actividad laboral, pero que no por ello les deja de gustar ver a sus perros levantar reses en el monte.

Mal llevada, esta nueva visión de las rehalas puede hacer un daño irreparable a la montería española.

Esta propuesta se acordó en la reunión mantenida el pasado 18 de diciembre por los colectivos cinegéticos y la Jefatura Provincial de Trabajo y Seguridad Social a próposito del problema surgido por las inspección realizadas a las rehalas durante el ejercicio de la caza en la provincia gaditana.

Así, el citado artículo recoge literalmente la siguiente: "No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores del presente artículo, el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y oídos los Sindicatos más representativos o el Colegio Oficial competente, podrá, a instancias de los interesados, excluir del campo de aplicación del Régimen de la Seguridad Social correspondiente, a las personas cuyo trabajo por cuenta ajena, en atención a su jornada o retribución, pueda considerarse marginal y no constitutivo de medio fundamental de vida".

En este sentido, la AER y la FAC solicitaron a la Inspección de Trabajo de Cádiz que aclare los criterios con los que se va a actuar en lo sucesivo a la hora de intervenir y exigir el alta en la Seguridad Social para los rehaleros, así como que se identifiquen aquellos casos en los que se está realizando la actividad con fines económicos y comerciales y se diferencie de aquellos otros en los que la caza de rehala se realiza por simple afición y sin ánimo de lucro.

Precisamente, tanto la AER como la FAC señalaron al a Inspección de Trabajo de Cádiz que la vía de inspecciones abierta conduce a las rehalas a una situación de indefensión para la que los rehaleros no están preparados y que, en todo caso, lleva al riesgo de que se entienda y evalúe la actividad exclusivamente desde un punto de vista material, sin contemplar la afición que conlleva y que puede suponer el fin de la caza mayor de carácter más social y humilde al convertirse en una actividad gravada económicamente que los cazadores más humildes no puedan afrontar.

Tanto por parte de la Federación Andaluza de Caza como por la Asociación Española de Rehalas se ha expresado públicamente la intención y el compromiso de continuar informando a los rehaleros de la provincia de Cádiz así como seguir luchando por defender esta actividad, con mayor hincapié en su versión más social y deportiva.